LA VIVIENDA:
DETONANTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO
Por
José Eduardo Romero Ramírez
En México, el tema del mejoramiento de la vivienda
es uno de los principales para el desarrollo integral de los mexicanos, no
solamente porque la vivienda es la principal aspiración de patrimonio de toda
persona y mejorarla implique un mejor entorno personal y familiar, una superior
dinámica comunitaria o incluso el embellecimiento visual del entorno urbano,
sino que también repercute en detonar el desarrollo económico del país.
¿Cómo redunda en la economía nacional? Por un lado,
en el aumento de la productividad de los trabajadores, quienes encontrarían en
una existencia dignificada el impulso de sus aspiraciones de vida, pero también
porque en el esquema que plantearé enseguida, la participación decidida de los
gobiernos puede detonar una actividad económica significativa.
La precariedad constructiva es una constante en las
viviendas del país, pues en ciertos segmentos la construcción de las mismas se
realiza por etapas, de acuerdo a la capacidad económica de las familias, que
muchas veces no permiten la construcción de forma continuada y de una sola vez.
También, con el tiempo, el factor de desgaste natural de las viviendas acontece
por falta de recursos económicos, depreciando las viviendas no sólo en su valor,
sino en su calidad como hábitat en el que las familias realicen sus vidas
cotidianas. Hablando de las familias, también es un reto abatir el hacinamiento
que deteriora las relaciones familiares; cuando los integrantes de estos
núcleos sociales aumentan, y en caso de que las posibilidades de independizarse
sean magras, las viviendas se quedan chicas para el tamaño de la familia y ello
conlleva un detrimento en las posibilidades de desarrollo individual dentro del
mismo núcleo familiar. Hay asentamientos humanos irregulares en todo el país,
particularmente en el Estado de México ha ocurrido pues su tasa de crecimiento
poblacional fue muy alta en años pasados (la tasa de crecimiento media anual de
la población fue del 3.2% de 1990 a 1995; de 2005 a 2010 fue de sólo 1.6%,
según datos del INEGI) y ello ha implicado tener la población más grande de todas
las entidades federativas.
Más allá del otorgamiento de créditos para
adquisición de viviendas, que sin duda es una palanca de desarrollo, se debe
pensar seriamente en mecanismos para el mejoramiento y la dignificación de las viviendas;
particularmente, en esquemas que permitan a los que más lo necesitan acceder a
los mismos.
Sabemos que la mayoría de quienes tienen necesidad
de estos apoyos, no son fácilmente sujetos de crédito en las instituciones
bancarias, por lo que muchas veces son víctimas de prestamistas que los
defraudan. Por ello es de imperiosa necesidad que el gobierno no se excuse de
este acontecimiento social, cuya naturaleza impacta en el desarrollo económico
de las familias y por ende del país.
Así pues, se propone el impulso a la institucionalización
de programas de vivienda locales, que conforme a las necesidades de los
municipios consiga atacar significativamente las dinámicas nocivas alrededor
del tema, como son la irregularidad jurídica, la precariedad constructiva, el
hacinamiento, entre otras.
La propuesta específica es que estos programas de
vivienda se operen desde el orden de gobierno municipal y cuyos arreglos
institucionales y administrativos quedarían al libre albedrío de éste, tal cual
se lo garantiza la Constitución. ¿Por qué el impulso que se genere desde la
federación debe sostenerse a partir de la base municipal? Porque es el
municipio el espacio sociopolítico donde este tipo de demandas son fácilmente
identificables; el municipio surge de forma natural con la vida en sociedad, la
convivencia cotidiana reafirma lazos de vecindad y esta vida comunitaria obliga
a tener un gobierno que le corresponda. Por esta privilegiada posición es que
el ámbito municipal podría convertirse, de organizarse adecuadamente y
fortalecerse decididamente, en un generador de riqueza que apuntale el
desarrollo nacional.
Si por otro lado, entendemos que
constitucionalmente el municipio se concibe como la base de la división
territorial y de la organización política de las entidades federativas, es ahí
donde la apuesta por la política pública relativa al tema de vivienda debe
fincarse con sus mayores esfuerzos; la casa habitación es connatural a la vida
en sociedad de la que ya se hablaba. Además, debemos considerar que los
gobiernos municipales tienen entre sus mayores atribuciones legales los temas
del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, donde efectivamente sus
decisiones son preponderantes frente a la intervención que pueden tener los
otros órdenes de gobierno.
La propuesta es que estos programas de vivienda
locales se apoyen en distintos instrumentos administrativos: ya sea alianzas
estratégicas con el sector privado; fideicomisos cuyos órganos decisores estén
compuestos por funcionarios de gobierno, pero administrados por instituciones
bancarias como fiduciarias; o en casos extraordinarios, netamente gestionados
por los gobiernos municipales; pero donde se generen sinergias de colaboración
entre diversas instancias para que se potencien los resultados. En ese sentido,
los gobiernos estatales o el federal coadyuvarían presupuestalmente con los
gobiernos municipales, pero estos últimos pondrían los recursos semilla para
las obras de mejoramiento a la vivienda y facilitarían todo el tema normativo,
exentando pagos de licencias de construcción y certificados relativos, lo que
de no ser así alzaría los costos que hacen oneroso el tema de vivienda para
quienes menos tienen; el gobierno federal a través de su exitoso Programa de
Empleo Temporal podría dotar de los recursos para que trabajadores desempleados
de las mismas localidades llevarán a cabo la mano de obra; los residentes se
comprometerían a los pagos puntuales de los apoyos obtenidos en estos
programas; las empresas tendrían una amplia participación en el caso de las
alianzas estratégicas o en los otros esquemas estarían apoyando de manera
socialmente responsable a que los gobiernos municipales y/o los residentes
obtuvieran materiales a bajo costo; finalmente, las instituciones de educación
superior, a través de los pasantes respectivos, estarían apoyando esta
socialmente loable y económicamente rentable causa con el desarrollo de
proyectos, que, por un lado, capacitaría a sus pasantes para el mundo laboral
y, por el otro, reduciría costos para los residentes de bajos recursos a los
que irían dirigidos estos programas de vivienda locales.
Es así que, si bien el gobierno federal bajo esta
propuesta ya tendría participación en los rubros ya referidos, también se
requiere de una coordinación generalizada de esta estrategia por todos los
rincones del país, que podría realizarse desde la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) e implementada a través de alguna de las
instancias relacionadas con la vivienda, por ejemplo, el Instituto Nacional del
Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), y articulados con las dependencias
estatales de Desarrollo Urbano; en esta entidad, existe una Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano y Vivienda, como órgano de coordinación interinstitucional. El
seguimiento de esta estrategia desde la Federación junto a las entidades federativas
sería fundamental, considerando el aspecto técnico y de capacidad
organizacional, dadas las restricciones evidentes en muchos municipios del
país. Sin embargo, la determinación de beneficiarios y la operación
administrativa y sociopolítica debe quedar en manos de los gobiernos
municipales, quienes por las razones ya expresadas son los órdenes de gobierno más
cercanos a la población y entienden de primera mano esta demanda relacionada a
la vivienda.
Debo mencionar que esta estrategia ya se realiza en
Tlalnepantla, donde el Ayuntamiento aprobó este año la creación de un Instituto
Municipal de Vivienda para la atención de temas jurídicos sobre tenencia de la
tierra y su regularización, pero sobre todo para la implementación de este
ambicioso programa local de vivienda, en el que se le apuesta a detonar el
desarrollo económico, a partir de mejorar la calidad de vida de quienes tienen
su hogar en este municipio. La apuesta es que esta estrategia pueda replicarse
a todo lo ancho del territorio nacional; ello, por supuesto, sería más fácil y
eficiente si estuviera coordinado desde la Federación, donde los recursos de todo
tipo harían mucho más viable lo que de otra forma serían esfuerzos aislados
para hacer realidad el mejoramiento de los hogares mexicanos. Requerimos, pues,
que lo que ha sido un tradición federalista que ha castigado presupuestalmente
a los municipios, cuando precisamente son ellos los que pueden asegurar el
desarrollo del país desde su ámbito, se torne generoso con los necesarios
recursos que el municipio difícilmente puede allegarse bajo el ordenamiento
actual.
Sabemos que el presidente de la República Enrique
Peña Nieto, conocedor de las necesidades que tiene este país, además que así lo
ratificó como Gobernador del Estado de México, será un decidido impulsor del
desarrollo de los municipios como generadores de empleo, productores de riqueza
y garantes de hacer realidad la justicia social.
