LOS RETOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL:
INNOVACIÓN
CREATIVA BAJO EL ESCENARIO ACTUAL, EL CASO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Por José Eduardo Romero Ramírez
(Ponencia presentada en el marco del Congreso de Derecho Administrativo Mexiquense y expuesta en la FES Acatlán)
Mucho se ha hablado de las carencias ante las que se encuentran los
municipios para lograr un desarrollo gubernamental adecuado, que aporte a la mejora
sustantiva en la vida de quienes viven en ellos. Los problemas son varios y en
la no tan abundante bibliografía que quisiéramos se han enumerado: escasez de
recursos para atender las necesidades de las administraciones públicas
municipales; falta de compromiso representativo de los Ayuntamientos; poca
profesionalización del recurso humano en los gobiernos municipales;
instituciones públicas débiles y con acotado margen de gestión y operación;
poca autonomía real en la toma de decisiones; en fin, una serie de
problemáticas que dificultan el ejercicio administrativo relativo a cumplir cabalmente
con el mandato constitucional sobre el llamado Municipio Libre.
Sin lugar a
dudas, el fortalecimiento de los gobiernos municipales resulta de enorme relevancia
para detonar el desarrollo económico y social en nuestro país. Entonces, como
ya decía, este fortalecimiento nos remonta en especial a lo político y a la
posibilidad de que la democracia se potencialice desde las localidades,
entendiendo que parte fundamental del meollo es justamente el que la
representación política municipal no se compromete acertadamente a atender las
necesidades de los habitantes del municipio, ya que carece de incentivos para
hacerlo. Por otra parte, también se refiere a las capacidades internas de los
municipios para dotarse de los recursos necesarios para conseguir el progreso
de sus comunidades. En este sentido, los recursos no sólo se refieren a lo
económico, sino también a lo administrativo.
Mucha de esta
dinámica se encuentra imbuida en que se percibe al gobierno municipal como el
“nivel más bajo” dentro de los distintos ordenes de gobierno que tenemos en
nuestro federalismo. Pero justamente es eso: un orden de gobierno. Nuestra
Norma Fundamental no distingue entre ellos, dándoles una preponderancia o
jerarquía, es entonces que podemos ver que partimos de una falsa apreciación de
dónde se ubica el municipio, política y administrativamente hablando, en el
concierto nacional.
Dimensionemos
la importancia que tiene que los municipios puedan responder solventemente las
amplias demandas ciudadanas: en el municipio es donde surgen las peticiones más
apremiantes, pues son cotidianas y de mayor impacto para las vidas de las
personas. Muchas veces las políticas públicas de los ámbitos tanto estatal como
federal son imperceptibles para la población en general; sin embargo, las políticas
municipales están originadas en lo que impacta directamente al ciudadano. Temas
como los servicios públicos, las obras, la normatividad en usos de suelo y
giros mercantiles, la dotación del servicio de agua potable y la prevención del
delito afectan nuestro día a día y tienen su referente inmediato en el marco
del gobierno municipal. Así las cosas, con tantos espacios que cubrir, el
municipio por ende requiere de una cantidad mayúscula de recursos económicos y,
no obstante, recibe la menor parte de lo recaudado. En el caso mexicano, en
lugar de haber una distribución fiscal abrumadoramente favorable al gobierno
federal, debería dotarse de mayores recursos a los municipios, si no seguirán
siendo instancias acotadas para su funcionamiento integral, impidiéndoles
ofrecer soluciones adecuadas y consecuentemente limitando los desarrollos
locales. Y he aquí el detalle fundamental: si se quedara en lo local,
posiblemente el problema no sería grave; la gravedad está en que el acotamiento
fiscal de lo municipal redunda en la falta de desarrollo nacional. Al no
disponer de recursos suficientes, este orden de gobierno topa con pared en sus
aspiraciones funcionales y de ahí empieza la cadena de malas reacciones
administrativas para lograr mover y transformar a este país.
Precisamente,
esa falta de capacidades administrativas son las que detienen la marcha
apropiada del municipio. Si se redistribuyeran las competencias recaudatorias,
se rompería con la dependencia económica. Claro está que esto representa una
amenaza para la preponderancia del gobierno nacional, el que ha tenido aversión
a descentralizar por razones históricas, pero también por razones prácticas. De
origen ocurrió porque el conflicto emanaba de luchas políticas entre caciques o
entre dinámicas ideológico-políticas regionales opuestas entre sí a sus
intereses particulares; más tarde, porque para el adecuado funcionamiento del
régimen posrevolucionario de partido hegemónico, se necesitaba del control de
todas las partes en todos los ordenes de gobierno. Sin embargo, en la
actualidad, el tema es uno de preocupación reiterada por la insolvencia que
muestran varios gobiernos estatales y municipales frente al expertise y capacidad del ejercicio
administrativo que se observa en el ámbito federal.
El artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena lo relativo
al municipio; en su fracción II desarrolla el tema de la administración pública
en específico, donde refiere que los municipios tienen autonomía para regularse
administrativamente, pero siempre en consonancia con la legislación estatal. De
algún modo, se entiende que debe existir un marco común a todos los municipios
que territorialmente conjuntos forman a la entidad en cuestión, por ello no hay
duda que la autonomía municipal no se ve atentada por esta disposición.
Así entonces, no es especialmente un tema de
conformación administrativa dispuesta por los Ayuntamientos, sino que es la
insuficiencia económica para darle herramientas a la organización del gobierno
municipal la que genera condiciones de inoperancia en muchas de las
municipalidades de este país. Según la fracción IV del artículo 115
constitucional, las principales fuentes de ingreso que tienen las
administraciones municipales son: 1) los impuestos relacionados con la
propiedad inmobiliaria y trámites correspondientes; 2) las participaciones
federales; y, 3) los ingresos derivados de la prestación de los servicios
públicos municipales. Y de ahí se ha observado que la gran mayoría de los
municipios se encuentran sometidos a los vaivenes de las participaciones
federales y no a lo que ocurra en sus propias arcas municipales.
Entonces, el
problema es ése, que al final del día, si bien existen convenios de
coordinación fiscal, los gobiernos estatales y sobre todo los municipales
dependen de forma amplia en los recursos que les otorga el gobierno federal a
través de esos acuerdos.
Aunado a lo
anterior, también se identifica la problemática de que dentro de las facultades
concurrentes que se traslapan entre los otros ordenes de gobierno y el
municipal, como por ejemplo la seguridad pública, los asentamientos humanos, la
protección civil, entre otros, no hay una participación enteramente relevante
por parte de las municipalidades. Pareciera que estas facultades son residuales
para los municipios, ya que sus actos autónomos dejan de serlo en la medida en
que se encuadran obligadamente en legislaciones de otro orden de gobierno o
requieren aprobaciones o vistos buenos de otras instancias que no son del orden
municipal.
Así las cosas,
debemos considerar seriamente que incrementar las posibilidades de acción de
los municipios en otros temas que podrían redundar en una verdadera autonomía
que detone su desarrollo de forma local, como la educación o la administración
de infraestructura, como ocurre con otros países, ayudarían a darle mejor cauce
a estos servicios, dado que las autoridades encargadas de ellos serían
justamente las que conocen de primera mano la dinámica local. Si se pudiera
trascender de ser meros gestores ante otras instancias a verdaderos administradores
de las actividades de calado público en sus propios territorios, se podrían
atender las peticiones ciudadanas de forma más directa e inmediata. De ahí que
se requiera urgentemente del fundamento administrativo y la capacidad económica
para realizar estas obras, servicios y acciones desde los municipios.
Finalmente
nos encontramos con un asunto administrativo que en la práctica resulta
importante para el devenir de la organización gubernativa: el tema de los
recursos humanos, los cuales muchas veces no pueden ser lo suficientemente
especializados para rendir lo necesario por esa misma falta de recursos
económicos a la que ya hemos estado refiriéndonos. Los sueldos en las
administraciones públicas municipales palidecen cuando se comparan con los
otros órdenes de gobierno, ya no se diga frente a la iniciativa privada. Todavía
es peor si hablamos de municipios rurales alejados de los centros urbanos
regionales. Por eso mismo, la posibilidad de atraer profesionistas o
especialistas de las diversas ramas se vuelve cada vez más difícil en un mundo
competitivo en el que las aspiraciones de retribución económica son más altas a
mayor nivel académico.
Ante esta
realidad, sólo queda echar mano de un recurso humano que en algunas ocasiones
está poco capacitado para sus respectivos cargos. Una opción viable e
importante es la que se ha concebido en la actual administración del municipio
de Tlalnepantla de Baz: por un lado, aprovechar las técnicas modernas de
formación y desarrollo organizacional para identificar aptitudes en el personal
disponible y, por otro, fortalecer al personal con capacitación constante en su
ámbito de desempeño laboral, así como ofrecer las oportunidades para llevar más
allá su nivel académico, alentando la superación profesional personal de cada
individuo. Es decir, trabajando con lo que se tiene, pero ofreciendo
facilidades y oportunidades académicas, existe la posibilidad de acercarse al
ideal administrativo para el adecuado funcionamiento de los gobiernos
municipales. Sin embargo, para el caso de los municipios más rezagados esta
opción se antoja todavía alejada de sus posibilidades reales.
Así, con
relación a todo lo expuesto, empezamos a percibir que la solución a los
problemas del municipio, partiendo de lo que hay, deben ser asumidos con
creatividad para salir del bache con los escasos recursos disponibles por el
momento. A partir de aquí, me gustaría enfocarme en un tema en particular para
generar una propuesta y en la experiencia práctica de lo vivido en un municipio
en concreto.
Si entendemos
que uno de los principales rubros sobre los que está fincada la acción
gubernamental municipal es el relacionado con el desarrollo urbano, debemos enfocarnos
en este ámbito para dar solvencia a la autonomía municipal. Nuestra
Constitución contempla estas actividades en la fracción V de su numeral 115. De
hecho, a partir de esta base constitucional, considero que si hay un espacio en
el que se pueda reflejar en algo la autonomía municipal es justamente en ese
rubro, ya que las políticas relacionadas al tema están municipalizadas en alto
grado. Por ejemplo, el eje rector y documento base para la política urbana es
el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el cual tiene carácter de ordenamiento
legal. El municipio lleva una participación preponderante en la recaudación del
impuesto predial y el desarrollo del catastro con ese mismo objetivo, lo cual
lo obliga a tener un padrón claro y detallado que propicie una recaudación
amplia. El desarrollo de fraccionamientos, la subdivisión de los predios, la
traslación de dominio, los cambios de uso de suelo, las licencias de
construcción, entre otros, son elementos clave de la fuerza de una
administración pública municipal. Si bien esta normatividad tiene referentes en
el estado y en la federación, las autorizaciones fundamentales ocurren en el
orden de gobierno municipal.
Un par de
reformas constitucionales en 1976 y en 1983 dotaron de esta preponderancia en
materia de desarrollo urbano a los municipios, al entender y prever el
crecimiento sustantivo de muchos de aquellos eminentemente urbanos.
De hecho, una
de las reformas claves para la política pública urbana se dio con la creación
de un órgano auxiliar y la dotación de facultades específicas para su tarea que
de seguimiento a la planeación municipal, en especial la urbana. Este órgano
auxiliar además abreva del mandato constitucional sobre la planeación
democrática que versa en el artículo 26 de nuestra constitución. La Comisión de
Planeación para el Desarrollo Municipal, que en el caso del Estado de México se
encuentra prevista en el capítulo séptimo de la Ley Orgánica Municipal del
estado, de los artículo 82 al 85, desarrolla este elemento fundamental para que
la opinión sobre cambios de uso de suelo, densidad, intensidad y altura deriven
de acuerdos de este órgano colegiado conformado no sólo por autoridades del
Ayuntamiento o funcionarios públicos, sino de ciudadanos distinguidos del mismo
municipio, como un procedimiento sin el cual la dependencia encargada del
desarrollo urbano de la administración pública municipal no podría otorgar una
licencia de uso de suelo, en caso de que este órgano auxiliar se expresara en
contrario al cambio solicitado al Plan de Desarrollo Urbano municipal. Si bien
existen dictámenes de impacto a nivel estatal y federal, la decisión última se
queda en el orden de gobierno municipal.
Desafortunadamente,
las azarosas circunstancias actuales han dejado en entredicho esa
preponderancia en materia urbanística por parte del municipio, después de los
terribles sucesos causados por los recientes desastres naturales, y que
evidenciaron la omisión o complicidad de las autoridades al permitir que se
fraccionara en zonas de riesgo. Se están dando pasos para que el Registro Único
de Vivienda se convierta en un velado filtro desde el gobierno federal para la
construcción de desarrollos habitacionales, con la suposición de que ello
evitará que la corrupción que pudiera permear en los gobiernos municipales
derive en autorizaciones de proyectos que no cumplen con características
legales o asentados en zonas de riesgo.
Al entrar en
este tema, me gustaría referirme a mi tierra, a Tlalnepantla de Baz, donde
desde esta administración se constituyó un Instituto Municipal de Apoyo a la
Vivienda Social, como órgano desconcentrado de la administración pública
municipal, con el objeto de dar una atención concreta y decidida a dos rubros,
uno incluso contemplado como tarea de rango constitucional: la regularización
de la tenencia de la tierra y el apoyo para mejoramiento constructivo a la
vivienda social.
Siendo un
municipio prácticamente urbanizado en su totalidad, con una amplia plataforma
de servicios públicos, con una dotación casi plena de electricidad, agua
potable y drenaje, con números bastante superiores en materia de vialidades, de
calles asfaltadas, las necesidades sociales empezaron a exigir una nueva
generación de políticas públicas que pudieran resolver la problemática social
siempre cambiante. En este caso, una demanda recurrente de los tlalnepantlenses
es dotar de certeza jurídica a sus posesiones inmuebles, para los que no gozan
de un título de propiedad adecuadamente inscrito en el Registro Público, y
promover el mejoramiento de las viviendas en colonias urbano-populares, lo cual
implica un esfuerzo para mitigar las significativas diferencias que dentro de
sus propias comunidades tiene Tlalnepantla, teniendo asentados en el territorio
municipal desde clubes de golf hasta comunidades donde la constante son techos
de lámina y aún pisos de tierra en algunos casos.
De por sí, en México, el tema del mejoramiento de la vivienda es uno de
los principales para el desarrollo integral de los mexicanos, no solamente
porque la vivienda es la principal aspiración de patrimonio de toda persona y
mejorarla implique un mejor entorno personal y familiar, una superior dinámica
comunitaria o incluso el embellecimiento visual del entorno urbano, sino que
también repercute en detonar el desarrollo económico de México. Las grandes
metrópolis del país se han consolidado mayormente de forma irregular, por la
natural atracción que hay de la población hacia las ciudades, por la ventajas
que éstas ofrecen. En pasados años se pretendió que la política en esta materia
fuera la construcción de nuevos desarrollos y la adquisición de vivienda nueva.
Hoy podemos ver la obsolescencia de la misma, derivado de una mala planeación:
hogares abandonados en los suburbios de estas grandes ciudades son la mejor
prueba de ello. De ahí que enfocado en un sentido socialmente eficiente se
deben promover políticas que rescaten el entorno urbano a partir del
mejoramiento de las viviendas ya existentes, además de la promoción de
desarrollos verticales, aunque este último tema no deja de tener su matiz
cultural. Ambos y particularmente el primero, que abordaré en esta ponencia,
tienen un notable enfoque económico.
¿Cómo redunda en la economía nacional? Por un lado, creemos, en el
aumento de la productividad de los trabajadores, quienes encontrarían en una
existencia dignificada el impulso de sus aspiraciones de vida, pero también
porque en el esquema que se ha planteado en Tlalnepantla para este Sistema de
Apoyo a la Vivienda Social, la coparticipación decidida de los gobiernos, las
empresas y los ciudadanos puede detonar una actividad económica significativa.
Como decía, la precariedad constructiva es una constante en las
viviendas del país, pues en ciertos segmentos la construcción de las mismas se
realiza por etapas, de acuerdo a la capacidad económica de las familias, que
muchas veces no permiten la construcción de forma continuada y de una sola vez.
También, de forma natural, el paso del tiempo conlleva un desgaste en las viviendas
y cuando acontece que su rehabilitación no se da por falta de recursos
económicos, las viviendas se deprecian no sólo en su valor, sino en su calidad
como hábitat en el que las familias realicen sus vidas cotidianas.
Sin duda, el otorgamiento de créditos para adquisición de viviendas
puede resultar en una palanca de desarrollo, como todo esquema crediticio que
mueve al mercado a partir de la posibilidad de consumo actual. No obstante,
como ya se explicó, el crecimiento indiscriminado de la mancha urbana hace
inviable el aumento horizontal de las ciudades a partir de nuevas viviendas en
los suburbios. Más bien se debe pensar seriamente en mecanismos para el
mejoramiento y la dignificación de las viviendas existentes; es ahí donde
esquemas que permitan a los que más lo necesitan acceder a los mismos pueden
hacer toda la diferencia para recuperar o propiciar la calidad de vida urbana
digna.
Sabemos que la mayoría de quienes tienen necesidad de estos apoyos, no
son fácilmente sujetos de crédito en las instituciones bancarias, por lo que
muchas veces son víctimas de prestamistas que los defraudan. Por ello es de
imperiosa necesidad que el gobierno no se excuse de este acontecimiento social,
cuya naturaleza impacta en el desarrollo económico de las familias y por ende
del país.
Particularmente, en la actual administración pública del municipio de
Tlalnepantla de Baz, el Ejecutivo Municipal y todo el cuerpo edilicio
propusieron de origen el impulso a la institucionalización de un programa de
vivienda local, que conforme a las necesidades del municipio consiga atacar
significativamente las dinámicas nocivas alrededor del tema, como son la
irregularidad jurídica, la precariedad constructiva, el hacinamiento, entre
otras.
Esta idea, esta propuesta específica, va en consonancia con todo lo
expresado anteriormente sobre los retos de las administraciones municipales:
estos programas de vivienda deben operarse desde el orden de gobierno
municipal, sus arreglos institucionales y administrativos deben quedar al
arbitrio de éste. ¿Por qué este impulso debe sostenerse a partir de la base
municipal? Porque, reafirmando, es el municipio el espacio sociopolítico donde
este tipo de demandas son fácilmente identificables; el municipio surge de
forma natural con la vida en sociedad, la convivencia cotidiana reafirma lazos
de vecindad y esta vida comunitaria obliga a tener un gobierno que le corresponda.
Por esta privilegiada posición es que el ámbito municipal podría convertirse,
de organizarse adecuadamente y fortalecerse decididamente, en un generador de
riqueza que apuntale el desarrollo nacional.
Si por otro lado, entendemos que constitucionalmente el municipio se
concibe como la base de la división territorial y de la organización política
de las entidades federativas, es ahí donde la apuesta por la política pública
relativa al tema de vivienda debe fincarse con sus mayores esfuerzos; la razón
es sencilla, reitero, la casa habitación es connatural a la vida en sociedad,
sociedad cuya autoridad inmediata en nuestro ordenamiento mexicano es el
municipio. Además, como ya lo exponía, hay que considerar que los gobiernos
municipales tienen entre sus mayores atribuciones legales los temas del
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, donde efectivamente sus
decisiones son preponderantes frente a la intervención que pueden tener los
otros órdenes de gobierno.
La propuesta tlalnepantlense operada en la actual administración
municipal es que este Sistema de Apoyo a la Vivienda Social se apoye en
distintos instrumentos administrativos y no se ciña a una operación tradicional
donde los recursos terminen resultando insuficientes, como siempre lo son,
específicamente en el entorno municipal como ya detallamos. Por un lado se
contempla que a la población más vulnerable, de acuerdo a ciertas reglas de
operación, se les dote directamente de los recursos necesarios para
salvaguardar su integridad física en casos de riesgo o atendiendo a principios
de justicia social se les otorguen los materiales para mejorar la calidad de
vida cuando sus condiciones de pobreza lo hacen imposible de otro modo. Por
otro lado, a la gran mayoría de los posibles beneficiarios, que sus condiciones
no los ponen en un grado de pobreza o indefensión extrema, por más que sus
recursos sean escasos, se les acerca a opciones donde se hagan corresponsables
de los beneficios relacionados con su propio patrimonio. Para este propósito se
han convenido una serie de alianzas estratégicas con el sector privado, a
partir de las cuales se ofrecen precios bajos en materiales, facilidades de
pago o esquemas crediticios. Los empresarios sacrifican utilidades en aras de
reponerlas al haber compras al mayoreo y, desde luego, identificados con
políticas de responsabilidad social, además de un compromiso y arraigo
municipal en algunos casos. El gobierno municipal facilita todo el tema
normativo, exentando pagos de licencias de construcción y certificados
relativos, lo que de no ser así alzaría los costos que hacen oneroso el tema de
vivienda para quienes menos tienen, además de generar los esquemas de
promoción, organización y coordinación comunitarias, así como las facilidades
para acercar los materiales solicitados. El ciudadano se involucra en algunos
casos con la autoconstrucción y en todos los casos de estas alianzas
estratégicas se comprometen a hacer los pagos puntuales de los apoyos obtenidos
en estos programas. Finalmente, las instituciones de educación superior, a
través de los prestadores de servicio social respectivos, están apoyando esta
socialmente loable y económicamente rentable causa con el desarrollo de
proyectos, que, por un lado, los capacita para el mundo laboral y, por el otro,
reduce los costos para los residentes de bajos recursos a los que irían
dirigidos estos programas de vivienda locales. Aquí cabe destacar la
participación comprometida de varios pasantes de Arquitectura e Ingeniería de
esta Facultad, con quienes estamos muy agradecidos en Tlalnepantla.
¿A qué nos remite esta experiencia práctica? En la teoría sobre la
administración pública municipal se han descrito dos formas distintas de la
gestión pública: directa e indirecta. La gestión directa es la tradicional por
la cual se llevan a cabo las actividades administrativas, es decir, nos remite
a la organización típica de la administración pública municipal. Esta gestión
directa se divide a su vez en dos, en la pública y la privada. Pueden
considerarse como elementos de la gestión directa pública: la administración
pública centralizada, los convenios estado-municipio, los convenios
intermunicipales y los organismos descentralizados. Cuando se prestan servicios
públicos o actividades administrativas, donde no se requiere el uso del imperio
del Estado y pueden hacerse a través de un particular, se prevén las siguientes
figuras: la empresa paramunicipal de participación mayoritaria, el fideicomiso
público y la asociación intermunicipal. En cuanto a la gestión indirecta, ésta
es la que implica la participación directa del privado en algunas tareas
públicas municipales, sin menoscabo del control del gobierno municipal, en aras
de una mayor eficiencia en el servicio o la acción. Las formas de esta gestión
indirecta que se han observado en los hechos son: la concesión, el convenio de
colaboración, el arrendamiento, la gestión interesada, el concierto y la
empresa municipal de participación minoritaria.
Así, la literatura existente sobre administraciones públicas municipales
considera a los convenios de colaboración como un factor clave para la
realización de ciertas actividades administrativas, dadas las condiciones
actuales de insuficiencia a partir de recursos propios de los gobiernos
municipales. A este tipo de instrumentos, que se les incluye dentro de las
formas de gestión indirecta, se les ha dado una mayor relevancia en la
actualidad por la comodidad para las partes y por su potencial administrativo. El
gobierno municipal en coparticipación estrecha con otros integrantes de la comunidad
del municipio, específicamente particulares, encuentra la posibilidad de
realizar actividades públicas que de otra forma se complicarían económica y
técnicamente. Sobre este tema, en su libro “Organización y gestión municipal”,
Alejandro Zapata y Oliver Meade reconocen que con la colaboración como técnica
de gestión, “el municipio garantiza una activa participación de la comunidad en
el ámbito público, un buen funcionamiento y una concientización del beneficio
que con ésta se genera.”
Esto es justamente lo que hemos desarrollado en Tlalnepantla, en materia
de vivienda, para poder atender las muchas demandas de la población en la
materia y haciéndolo con pocos recursos: convenios de colaboración con el
sector privado. La apuesta es que esta estrategia pueda replicarse a todo lo
ancho del territorio nacional; podría encontrarse el sentido práctico y
económicamente rentable en muchos municipios en los que empresas con fines de
lucro, pero con sensibilidad social, le apostarán a un crecimiento compartido en
el que reactivar el mercado puede ser posible si todos nos involucramos en la
tarea. Requerimos, pues, que lo que ha sido un tradición federalista que ha
castigado presupuestalmente a los municipios, cuando precisamente son ellos los
que pueden asegurar el desarrollo del país desde su ámbito, se torne generoso
con los necesarios recursos que el municipio difícilmente puede allegarse bajo
el ordenamiento actual. Pero si no puede lograrse de forma inmediata, por los
retos existentes y ya reseñados, además de la necesidad de una reforma
estructural de amplio calado relacionada al federalismo, los municipios tienen
la obligación de buscar opciones para garantizar cumplir con su función pública
y generar bienestar para sus gobernados. Una opción es, por supuesto, las
formas de gestión indirecta y la experiencia tlalnepantlense nos lleva a pensar
que es posible.
Del mismo
modo, es importante que promovamos la corresponsabilidad en las políticas
públicas, que de otro modo y dadas las condiciones actuales, no podrían
lograrse en las dimensiones que deberían, pero sobre todo para desterrar males
culturales donde el ciudadano cree que es sola y exclusivamente tarea del
gobierno atender estas problemáticas. Especialmente estaríamos avasallando
males sociopolíticos como el clientelismo y la apatía. Hacer copartícipes de su
propio bienestar a quienes reciben apoyos del gobierno significa que valorarán
más lo obtenido al sentirlo suyo y trabajado por ellos mismos. Coloquialmente diríamos
que la experiencia nos ha enseñado que lo que fácilmente llega, fácilmente se
va.
Entonces, en aras de lo aquí abordado, en lugar de dar marcha atrás a
procesos descentralizadores probados en todo el orbe, es tiempo de convertirnos
en decididos impulsores del desarrollo de los municipios como generadores de
empleo, productores de riqueza y garantes de hacer realidad la justicia social.
Debemos pasar a la propuesta, en lugar de la constante queja; debemos dar
soluciones y no ahondar los problemas. Hay elementos de los cuales se puede
echar mano y que la ley permite. En función a ello podemos moldear
administraciones públicas municipales que trabajen con solvencia y además
impacten positivamente en todo el entorno, generando círculos virtuosos dentro
de los distintos sectores de la sociedad: un involucramiento cívico de las
personas en las políticas dirigidas a mejorar sus propias condiciones de vida;
un compromiso y responsabilidad social de los empresarios para bajar costos y
hacer accesibles sus productos, sin dejar de hacer negocio, por lo cual se
reactiva el mercado; gobiernos municipales que aceptan que no pueden
constituirse demagógicamente en “mecenas”, sino en generadores de
oportunidades, facilitadores administrativos, impulsores del desarrollo con sus
propias herramientas.
En pocas palabras, debemos tener muy claro que mientras no haya una
reforma sustantiva en la materia, para dotar de mayores capacidades al
municipio, asumiendo su “mayoría de edad”, los retos de la administración
pública municipal en México deben abordarse con innovación creativa.
Muchas gracias.
